19/02/2021

Igualdad de armas

    Cuando envejecieron los rocanrroleros y los punketos, el mundo tuvo la oportunidad de darse cuenta de que no eran tan peligrosos como lo parecían en su juventud. Pasa con los rebeldes de cada época, y las letras más escandalosas de hoy serán los clásicos que cantarán los infantes de mañana. Por eso es tan decepcionante que el último condenado por la ley a causa de sus líricas haya sido un rapero, como si fuera 1997.

La sentencia de Pablo Hasél responde a los delitos de injurias a la corona y apología del terrorismo. Es decir, que sus palabras importan menos que a quiénes se dirigían en este caso. Se podía adivinar desde antes quiénes defenderían su detención y quiénes la denunciarían. De la misma manera, la inversión de estos papeles no sería difícil si los ofendidos fueran otros. Por eso es irónico que el debate público se centre en el derecho a la libertad de expresión, como si fuera una etiqueta con la que se adorna cualquier discusión ideológica.

No hace falta recalcar el absurdo de meter preso a alguien que rapea y tuitea sobre la realeza y terroristas de izquierda, ni subrayar la continuación de los ataques que han enfrentado artistas y periodistas (otro objetivo frecuente de Hasél, si bien menos glamoroso) por ejercer sus derechos fundamentales. La dignidad y la seguridad de los ciudadanos, especialmente las víctimas de terrorismo, son límites prudentes y lógicos para la libertad de expresión. Pero también es responsabilidad de los custodios de la ley sopesar los riesgos reales de los mensajes que investigan por

excederse en el ejercicio de aquella libertad y los riesgos de disuadir de su ejercicio completo.

Sin embargo, pensar que ese es el verdadero fondo de la discusión sobre la libertad de expresión sería pecar de ingenuos. Como si todos fuéramos catedráticos de Derecho reflexionando sobre la naturaleza de la justicia. La "normalización del insulto" siempre se propondrá unilateralmente, venga del espectro político que venga, mientras que un ataque del otro lado siempre constituirá un gravísimo atentado contra la democracia (otra palabra vapuleada a más no poder).

La honestidad intelectual exige que la discusión sobre la libertad de expresión tenga un marco jurídico, igual para cada uno y lejos de las reacciones inmediatas de la política partidista. Todo lo demás queda en chisme. Idealmente, ni siquiera la realeza debería poder apelar a un trato especial frente a la justicia, aquellas mismas ventajas que persiguen varios colectivos más mientras exigen igualdad de cara al público. Destaca la propuesta ridiculísima de eximir las manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales de responsabilidad. 

La línea en la arena debe ser única. ¿Qué ofensas puedes aguantar para poder criticar lo que no te parece correcto? ¿Qué estás dispuesto a soportar para ser libre? Tal vez haya quien se dé cuenta de que no es libertad de expresión lo que pide a gritos.

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Pamplona, España 2020